Por: Valentina Gómez Vega(vgomezv1@ucentral.edu.co) y María Paula Landázuri (mlandazurip@ucentral.edu.co)
En el municipio de Puerto Wilches, ubicado en el departamento de Santander, fue aprobado hace algunos días, el primer piloto de fracking en el país. Proyecto en manos del gigante petrolero, Ecopetrol.
Esta decisión ha generado bastante polémica, desde distintos sectores sociales, como ambientalistas, poblaciones campesinas e indígenas, centrándose en el otorgamiento de la licencia ambiental, por parte de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), decisión que para dichos grupos, es cuestionable.
Según algunas comunidades étnicas radicadas en el municipio, no se les consultó previamente acerca del proyecto, sumado a las presuntas consecuencias ambientales que este tendría en su territorio. Y, a su vez, algunos ciudadanos afirman que no hay garantías de que Ecopetrol cumpla con las exigencias que demandan un piloto de tal magnitud.
Teniendo esto en cuenta, se interpuso una tutela en contra de Ecopetrol, del Ministerio de interior y la ANLA, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de obtención de la licencia, sumado a que los trabajos del denominado proyecto Kalé, empezarían en un mes, con la ejecución final, en el mes de julio.
Frente a esto, Ecopetrol lanzó un comunicado informando que: “Para el proyecto de Investigación Integral en Yacimientos No Convencionales que se realizará en Puerto Wilches (Santander), se realizará un riguroso monitoreo ambiental, de sismicidad y operativo, el cual tendrá en cuenta más de 200 parámetros”.
“El proyecto prevé utilizar 455 hectáreas y perforar hasta 3.000 metros de profundidad, con un pozo horizontal de 1.500 metros donde harán 20 etapas de fractura. Para ello usarán hasta 300.000 barriles de agua por fractura, y es una locura” dice Oscar Sampayo de la Corporación Regional Yariguíes, quién se opone al proyecto piloto.
Por otra parte, un colectivo de al menos 50 congresistas trabaja para lograr la prohibición completa de esta práctica a través de un nuevo proyecto de ley. Estas acciones claramente valiosas, se suman al compromiso fehaciente de la comunidad en la zona, que inician en Puerto Wilches y se extienden hasta San Martín y Barrancabermeja, dónde se ha asentado la industria petrolera tradicional.
Estas prácticas, según el ingeniero de petróleos, Óscar Vanegas, no afectan solo a un municipio en específico, sino a una región entera. Las zonas de fracking se convierten en territorios altamente contaminados, con riesgos científicamente comprobados, no en los trabajadores que manipulan los químicos, pero sí para las comunidades asentadas en estas tierras, que a mediano y corto plazo, podrían experimentar graves problemas de salud, frente a los que nadie responde.
A pesar de que en el gobierno del presidente Iván Duque, ha intentado, aprobar pilotos de fracking en el país, varias comunidades en el territorio, que conocen las consecuencias de estas prácticas, e incluso encarando atentados y amenazas, no cesan en su lucha por defender el medio ambiente y los espacios que habitan. Y aunque muchas veces se intenta invisibilizar sus voces, su postura es fuerte y clara, y dice: ¡No al Fracking!