El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no seguir haciendo la vista gorda y comenzará a sancionar la instalación ilegal de publicidad en la calle. Así lo anunció la concejal de Fomento y Servicios Públicos, Nardy Barrios, que señaló que “existe la costumbre de colocar vallas publicitarias en muchas esquinas de la ciudad, incluso obstaculizando pasos de peatones, sin que las empresas paguen un duro al Ayuntamiento y, lo que es peor, en muchas ocasiones también destrozan las aceras”
Se trata de una práctica ilegal muy extendida en la ciudad, sobre todo en publicidad de centros comerciales, que el Consistorio capitalino pretende vigilar de cerca a partir de ahora. Para ello, Barrios tiene previsto publicar un bando en el que se recuerde a los anunciantes que está prohibido ocupar la vía pública con vallas publicitarias sin autorización y sin disponer de la licencia de obra menor, tal y como contempla la ordenanza de publicidad exterior en vigor desde 1998. De no ajustarse a la legalidad vigente, el Ayuntamiento retirará la publicidad de la calle, abrirá expediente al anunciante y, si procede, impondrá una sanción.
La normativa municipal establece, entre otras consideraciones, que está terminantemente prohibido, “la colocación o instalación de cualquier soporte publicitario que por su forma, color,diseño o inscripciones pueda ser confundido con las señales reglamentarias de tráfico, impida la visibilidad o produzca deslumbramiento a los conductores de vehículos y los peatones, o en los lugares donde pueda perjudicar u obstaculizar el tráfico rodado o la seguridad del peatón”.
La orden, que regula además la publicidad en edificios, obras, solares, fiestas populares y en período electoral, establece multas de entre 125 y 3.000 euros para las infracciones graves (no disponer de licencia o la utilización de elementos de mobiliario urbano) o los incumplimientos clasificados como graves (publicidad colocada en zonas verdes, espacios libres públicos,viales, bienes catalogados, equipamientos comunitarios o espacios naturales protegidos). En cualquier caso, en la ordenanza se especifica que nunca “la infracción puede suponer beneficio económico para el infractor”.
Desde que se aprobó la ordenanza, se pueden contar con los dedos de una mano las sanciones impuestas por el Ayuntamiento. La última vez que actuó contra la publicidad ilegal en la vía pública fue en 1995, cuando el Ayuntamiento capitalino ordenó la retirada de cerca de 600 soportes y anuncios colocados sin autorización.
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