Según la directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha, Soraya Montoya, “estos resultados preocupan porque un menor nivel de educación trae como consecuencia menores oportunidades de acceso al mercado laboral, generación de ingresos y, por lo tanto, mayores barreras para desarrollar su proyecto de vida”.
Esto es gracias a diferentes factores, pero principalmente por problemas de acceso y de inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad.
Por ello, es necesario cambiar el paradigma que entiende la discapacidad como un problema que debe ser atendido únicamente por las instituciones de salud.
Viéndolos como sujetos de caridad y no personas influyentes en una sociedad, por eso es necesario incluir también a los responsables de la educación, el trabajo, el acceso a servicios y la justicia para poder atender esta población tan olvidada.
El gobierno tiene la obligación de establecer las condiciones que permitan la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes aspectos sociales y laborales, así como de atender a quienes la padecen.
Sin embargo, es importante que las nuevas leyes, sean orientadas para incluir y no excluir a las personas con discapacidad, además de eliminar las barreras sociales y laborales que no les permiten gozar de sus derechos.