Por: Camilo Quintero Ferreira
Con los años, y a medida que voy comprendiendo un poco más la problemática latente que vive una persona con algún tipo de discapacidad, puedo confirmar que es necesario e indispensable, generar un cambio social y estructural referente a la discapacidad en Colombia.
Todos los días, a las personas con discapacidad se les niegan sus derechos y oportunidades, además, son marginados y excluidos de la sociedad.
Por esto, es fundamental contar con medidas suficientes que permitan potenciar sus habilidades y mejorar sus competencias, así mismo, esto influirá en la incursión en el ámbito social y laboral.
Tenemos que tener muy presente los derechos humanos consagrados en la Constitución Política, pero que el Gobierno Nacional también se dé a la tarea de implementar las normas en materia de inclusión que ya están estipuladas en las leyes 361 de 1997 y 1618 de 2019, con el fin de que estas, tengan un impacto real en la población.
Así mismo, como lo explica Johana Cardenas, trabajadora social de la fundación Fumdir, ubicada en Bogotá.
“Cada fundación tiene un límite, un tope de máximo 60 personas, puedan pasar hasta 5 años y hasta que no se muera una persona, se le otorga un cupo a la otra persona, así mismo, podemos ver que la cobertura de estos proyectos es mínima y se convierte en un privilegio algo que debería ser un derecho.”
Por eso es necesario contar con un sistema dinámico que permita contar con la data necesaria para hacer efectivas y saber con certeza cuánta población se está quedando por fuera de dichas políticas estipuladas y ayudas otorgadas por el gobierno.
Podemos percibir también que en las escuelas, no se garantiza que las niñas y niños con discapacidad puedan aprender de manera personalizada, o se les otorgue soluciones referente a el entendimiento, creando aulas diversificadas.
Ya que la exclusión de actividades productivas repercute en un menor nivel de educación, y así mismo, se dificulta el acceso a un mercado laboral o simplemente a un avance de cada individuo, perjudicando la situación cognitiva.
Según la directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha, Soraya Montoya, “estos resultados preocupan porque un menor nivel de educación trae como consecuencia menores oportunidades de acceso al mercado laboral, generación de ingresos y, por lo tanto, mayores barreras para desarrollar su proyecto de vida”.
Esto es gracias a diferentes factores, pero principalmente por problemas de acceso y de inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad.
Por ello, es necesario cambiar el paradigma que entiende la discapacidad como un problema que debe ser atendido únicamente por las instituciones de salud.
Viéndolos como sujetos de caridad y no personas influyentes en una sociedad, por eso es necesario incluir también a los responsables de la educación, el trabajo, el acceso a servicios y la justicia para poder atender esta población tan olvidada.
El gobierno tiene la obligación de establecer las condiciones que permitan la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes aspectos sociales y laborales, así como de atender a quienes la padecen.
Sin embargo, es importante que las nuevas leyes, sean orientadas para incluir y no excluir a las personas con discapacidad, además de eliminar las barreras sociales y laborales que no les permiten gozar de sus derechos.
Según el Departamento Nacional de Planeación “DNP” para el 2030, Colombia será un país incluyente en donde las personas con discapacidad son valoradas por sus potencialidades y tendrán igualdad de oportunidades.
Pero lo primordial, es promover la vinculación laboral, generar programas de emprendimiento, mejorar la infraestructura, una educación inclusiva, y actualizar la política pública de discapacidad.
Para poder lograr hablar de igualdad, referente a la discapacidad, falta un cambio en varios aspectos, tanto sociales, políticos y económicos; necesitamos entender, que son personas influyentes y no sujetos de caridad.