Regreso a clases presenciales: un riesgo para la vida
Realizado por: Carolina Ladino Vargas
La pandemia ha transformado de manera significativa el modelo educativo tradicional, las instituciones educativas han tenido que asumir estrategias inmediatas desde la virtualidad para la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) y los gobiernos de varios países han sido enfáticos en seguir los resultados de estudios que indican los bajos contagios del covid-19 en la población escolar.
Teniendo en cuenta lo anterior, gran parte del mundo ya ha regresado a la normalidad de manera gradual.
En Colombia se procura el regreso gradual a clases presenciales, mediante el modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, según la resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020.
Sin embargo, para que un modelo de alternancia se ejecute, las instituciones educativas deberán cumplir con ciertos requisitos en sus instalaciones, tales como: buenos espacios con ventilación, baterías sanitarias en buen estado y lavamanos, entre otros, para lograr desarrollar los protocolos de bioseguridad.
Por lo tanto, queda a consideración de profesores, entidades públicas, Ministerio de Educación y padres de familia, evaluar la posibilidad de volver a las aulas de clases.
Pero… ¿En qué circunstancias?
Si bien, desde las Alcaldías Locales y el Gobierno Nacional se ha enfatizado en que el éxito de sobrellevar esta pandemia radica en la debida implementación de protocolos de bioseguridad, lavado de manos constante y distanciamiento físico mayor a 2 metros.
Cabe entonces preguntarse:
¿Los colegios públicos de Bogotá y alrededores, están preparados en realidad para el regreso a clases en modalidad de alternancia? .
Interrogante que pone en debate uno de los temas de mayor interés para los colombianos.
En vista de que la Secretaría de Educación ha afirmado que en el 2021, las clases presenciales regresarán con alternancia, rectores, docentes y sindicatos insisten en que no hay garantías suficientes de bioseguridad para la protección de la salud y la vida.
Considerando importante lo incierto de la duración del virus en nuestro territorio, surgen muchas dudas.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), no está de acuerdo con el modelo de alternancia, solo hasta que las instituciones educativas cumplan con las condiciones y requisitos mínimos legales de bioseguridad.
Teniendo en cuenta la expedición de la circular 026 por parte del MEN, se obliga a las instituciones a retornar las clases presenciales.
Sin embargo, Fecode considera que es un error, pues las condiciones no están dadas, y ya se han visto graves consecuencias en las instituciones que han implementado el modelo.
Ahora bien, la actual ministra de Educación, María Victoria Ángulo, no solo afirma que para finales de mayo, el 100% de las sedes educativas estarán funcionando en presencialidad, sino que el 2021 será el año de la alternancia.
Ante estas declaraciones, Fecode le reclamó al Gobierno condiciones dignas de bioseguridad para todas las sedes educativas, con el fin de garantizar la vida y la salud, tanto de los docentes como de los estudiantes para trabajar de forma segura durante la pandemia.
Nelson Alarcón, presidente de Fecode, afirma:
“Si antes de la pandemia no estaban las condiciones mínimas para que nuestros jóvenes y nuestros niños pudieran estar dignamente en las aulas, mucho menos lo están ahora con todos los protocolos de bioseguridad que hay que cumplir”.
Lo que nos da a entender, que ni el sistema educativo, ni la infraestructura, están preparados para que los estudiantes y maestros regresen a las clases presenciales cumpliendo los protocolos de bioseguridad.
Razón por la cual, el movimiento sostiene que es necesario seguir con el aislamiento obligatorio para estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, trabajadores administrativos y de servicios generales, acordando estrategias de continuidad del año lectivo con bioseguridad.
Del dicho al hecho hay mucho trecho…
Según un estudio desarrollado por Escalando, un emprendimiento colombiano especializado en crear entornos escolares seguros, junto a la Red PaPaz, el 76% de las instituciones educativas públicas no cuentan con suficiente agua y jabón para garantizar el lavado de manos de la comunidad educativa.
Asimismo, Fecode se pronuncia vía twitter diciendo:
“… los colegios públicos tienen dificultades para el regreso a clases semi presenciales en medio de la pandemia, en la inmensa mayoría de instituciones no existen los elementos suficientes de bioseguridad como jabón, lavamanos,gel antibacterial o toallas”
Analizando esta situación, un ejemplo de ello, es el caso de la Institución Educativa-Sede Ricado Duque, ubicada en el barrio Martínez Rico de Funza, Cundinamarca.
Un establecimiento educativo que no cuenta con las condiciones estructurales reglamentarias y se obliga a funcionar con alternancia, desconoce los requisitos mínimos legales que debe tener una institución educativa con el modelo de Jornada Única.
No obstante, la ley general de educación 115 de 1994, en su artículo 138, dice que los establecimientos educativos deben disponer si o si de una infraestructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, para albergar a un educando en proceso de aprendizaje.
Ahondando en el análisis, trasladamos este razonamiento a la realidad de los sistemas educativos puestos en funcionamiento, investigando el caso de la sede Ricardo duque, donde la evidencia empírica es flagrante.
Contar con aulas que no tienen buena ventilación, el espacio es reducido, las ventanas no abren totalmente, hay goteras de lluvia en todos los salones, no cuenta con un espacio de recreo, la zona recreativa es por donde pasa la carrilera del tren, además, debajo de la escuela hay un oleoducto y la institución catalogada en “Jornada Única”.
A raíz de investigaciones realizadas, se logra vislumbrar que según fuentes de las directivas del Colegio Departamental de Funza, la edificación fue diseñada hace aproximadamente 25 años por la hija del dueño del terreno, es decir el gerente de ITALCOL, con el fin de realizar un jardín infantil en el barrio en mención con dos niveles:
En el primero, funcionan cuatro aulas, dos baterías de baños y en el segundo nivel, dos aulas, una sala de sistemas, el restaurante escolar y una batería de baños, cada una de estas dependencias son muy pequeñas y sin ventilación debido al escaso espacio de la sede.
De hecho, las directivas de la institución se pronuncian, considerando que la sede fue construida en terrenos que no le pertenecen a la Secretaría de Educación, por esa razón, los recursos del CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) no son invertidos en la mejora, porque se estaría cometiendo un delito de peculado.
Por otra parte, en mi rol de periodista, tuve la oportunidad de realizar una investigación sobre el sector en el año 2019, indagando y buscando respuestas ante tal descuido.
A lo que encontré, que con tanto tiempo de construida la sede, ninguna persona ha denunciado estas anomalías. En mi investigación se hizo pertinente realizar y difundir una denuncia por el programa “El periodista soy yo” de caracol tv.
La noticia fue de conocimiento público, enterados todos los habitantes de Sabana occidente y posteriormente, en entrevistas realizadas a algunos miembros del sector, aseguraron que lo único primordial es conservar el colegio, ya que es indispensable para la comunidad.
Al día de hoy, año 2021, en plena pandemia, resulta increíble la ligereza y la presión por volver a la presencialidad, cuando no se está cumpliendo con las garantías y condiciones de bioseguridad.
Con esto en mente, es importante visibilizar el descuido de la infraestructura educativa, aún más cuando el pico de la pandemia es el más alto y el riesgo de contagio sigue latente.
Por lo cual, se requiere de una presencialidad siempre y cuando, se garantice una alternancia digna, que cumpla con las condiciones de bioseguridad.
No solo es la pandemia del covid 19, es momento de repensar los riesgos que corren los estudiantes al estar expuestos a una infraestructura educativa deplorable y más aún, cuando salvaguardar la integridad y la vida de los estudiantes no está en cuestión; entre el derecho a la educación y el derecho a la salud, debe prevalecer el derecho a la vida.
Conoce más acerca de esta noticia difundida por la sección del «Periodista soy yo».
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