Por Juan Sebastian Diaz Hernandez jdiazh4@ucentral.edu.co
La sobrepoblación ha generado condiciones inhumanas en las cárceles de Colombia, pues, enfrentan serios desafíos para cumplir su función rehabilitadora. En muchos casos, se han convertido en espacios donde se expanden redes delictivas, reflejando un preocupante abandono por parte del Estado.
Fotografía tomada de DIARIOJURÍDICO.COM (Colombia – Seguimiento del ECI en materia de cárceles)
que la población privada de libertad (PPL) en Colombia era de 101.781 personas. Desde 2020, el INPEC ha señalado la grave sobrepoblación en las cárceles, una problemática que no ha sido atendida de manera efectiva.
Un ejemplo contundente es la Cárcel La Modelo, donde los internos duermen apilados en baños, pasillos y patios. En todo el país, miles de reclusos sobreviven en celdas de 3×3 metros, compartidas por hasta 10 personas, sin acceso a agua potable y con raciones de comida en estado de descomposición.
A pesar de las condiciones inhumanas, las cárceles no solo son un lugar de abandono, sino también una Universidad del crimen. Según Carolina Arbeláez, miembro de la Cámara de Representantes, “la mayoría de las extorsiones en el país provienen de las cárceles”. Tan solo en Bogotá, para noviembre de 2024, las extorsiones aumentaron un 71%.
Esta situación se ve agravada por el estado crítico de las ocho principales cárceles del país, donde los inhibidores de señal están fuera de servicio. Esto ha permitido a los reclusos operar con total impunidad. Un caso emblemático ocurrió en La Modelo, donde se descubrió un “call center” operado por los internos. En una sola celda, se encontraron 58 teléfonos celulares ingresados ilegalmente, utilizados para gestionar operaciones de engaño y chantaje contra ciudadanos.
El sistema penitenciario colombiano no solo está colapsado, sino que impulsa el crimen. Mientras miles de criminales reinciden tras obtener casa por cárcel o libertades anticipadas, los ciudadanos honrados viven con la constante amenaza de un sistema que les da la espalda.
Desde 1998, el sistema carcelario ha sido declarado en estado de crisis por la Corte Constitucional, que ha exigido soluciones como la construcción de más cárceles, la reforma del INPEC y la mejora de las condiciones de reclusión. Sin embargo, la inacción del gobierno es evidente. En 2025, poco o nada ha cambiado, perpetuando un ciclo de abandono e inseguridad.
Mientras en Colombia se libera delincuentes en lugar de invertir en seguridad, otros países han demostrado que la voluntad política puede cambiar la situación. en El Salvador, el presidente Nayib Bukele construyó CECOT, la cárcel más segura de América, logrando sacar a las maras de las calles. Argentina sigue un modelo similar, enfocándose en un sistema más estricto y controlado. En contraste, en Colombia, el sistema sigue siendo terreno fértil para la corrupción y el caos, beneficiando a quienes lucran con el desorden actual.
La privatización del sistema penitenciario podría ser una alternativa para combatir la corrupción que devora al INPEC y a las cárceles del país. Países que han privatizado sus cárceles lograron reducir la corrupción interna en un 60%. Sin embargo, implementar reglas de eficiencia en un sistema dominado por mafias y cómplices parece ser un desafío que ningún gobierno ha querido asumir.
Al final, el Estado ha dejado a los colombianos a la deriva, atrapados en un sistema donde los guardianes se han convertido en cómplices y los ciudadanos en víctimas de un infierno que parece no tener fin.
Artículo producto de ejercicios académicos. No es oficial de la Universidad y las afirmaciones u opiniones emitidas a través de ellos no representan necesariamente a la Institución.
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