Escrito por: Maria Paula Landázuri y Valentina Gómez
El pasado 28 de abril, se llevó a cabo la segunda audiencia del macrocaso 03 de la JEP (Justicia Especial para la Paz) donde ,10 militares y un civil asumieron la responsabilidad por su participación determinante en el asesinato de por lo menos, 120 personas en estado de indifensión, entre enero del 2007 y agosto del 2008.
Los “Falsos Positivos”, como fueron llamados por los medios de comunicación nacionales, son crímenes cometidos por agentes del estado, bajo la política de conteo de cuerpos y la presión constante que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados, para conseguir “muertes en combate” y así lograr mantener una imagen de éxito militar.
Según la página oficial de la JEP “Los 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”. Estas acciones fueron parte de “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Entre ellos, se encuentran; Paulino Coronado (General), Santiago Herrera y Rubén Darío Castro (Coroneles), Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón Amado (Tenientes) y Juan Carlos Chaparro Chaparro (Mayor).
Entre dichas declaraciones, podemos encontrar la del coronel Rincón Amado, quien expresó: “Sus seres queridos, que perdieron la vida en estos falsos combates, nunca fueron combatientes ni delincuentes. Ni pertenecían a ninguna estructura criminal. Fueron personas de bien, campesinos, trabajadores que fueron asediados, acechados, secuestrados”.
Las 120 víctimas contaban con perfiles similares, por lo que su desaparición y posterior asesinato, se dieron bajo un mismo modus operandi. La JEP determinó además un patrón criminal específico, prueba de la sistematicidad de las ejecuciones. “En el marco de un mismo patrón criminal y con división de trabajo, en un territorio determinado y en un mismo periodo de tiempo”.
A la fecha, se han acreditado 1.373 víctimas entre madres, padres, compañeras, esposas, hijos y hermanos. Se ven afectaciones de orden moral y material, entre los que se incluyen estigmatización, revictimización, amenazas y desplazamiento forzado.
Algunas de las víctimas que estaban sentadas frente a quienes fueron algunos de los responsables por los asesinatos de sus familiares, enfatizaron en la necesidad de continuar y fortalecer estos procesos de verdad y reparación, reconociendo la importancia histórica de un reconocimiento de esta envergadura, en el país.