Por: Óscar Pérez
operezp1@ucentral.edu.co
El abogado, médico y concejal de Bogotá, Angelo Schiavenato, encendió las alarmas en el Concejo de la capital al denunciar la existencia de un presunto “cartel de la cardiología” que, según sus investigaciones, habría desviado recursos públicos de la salud por más de 32.000 millones de pesos. La acusación, que ya fue puesta en conocimiento de los organismos de control, plantea serias dudas sobre la transparencia en la contratación y la prestación de servicios médicos en las subredes de salud de la ciudad.
Una denuncia que sacude al sector salud
Schiavenato, quien combina su formación en derecho y medicina con su rol como cabildante, expuso públicamente las irregularidades durante una sesión del Concejo de Bogotá. Posteriormente, en entrevista con Concéntrika Medios, reiteró la gravedad de los hallazgos y la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio investiguen a fondo lo que podría constituir uno de los mayores detrimentos patrimoniales en el sistema de salud distrital.
El concejal participó además como invitado en el conversatorio “Más allá de la influencia”, realizado el pasado 25 de marzo en el Auditorio Francisco de Paula Santander de la Universidad Central. Allí volvió a insistir en que los recursos destinados a la atención médica de los bogotanos estarían siendo objeto de prácticas fraudulentas que comprometen tanto la calidad del servicio como la confianza ciudadana en las instituciones.
El caso de la Clínica Meisel y las dobles atenciones
La denuncia apunta directamente al doctor Ciro Alfonso Gómez Meisel, representante legal de la Clínica Meisel S.A.S., entidad que presta múltiples servicios públicos de salud en la capital. Según Schiavenato, existen evidencias documentadas en historias clínicas que muestran al especialista realizando exámenes de corazón en dos hospitales distintos, el Simón Bolívar (Subred Norte) y El Tunal (Subred Sur) el mismo día y a la misma hora.
Este hecho, que a primera vista resulta imposible en términos físicos y logísticos, sugiere la existencia de un esquema de facturación irregular en el que se reportan procedimientos médicos que no corresponden con la realidad. “Los procedimientos médicos están siendo realizados por personal sin las facultades médicas requeridas y siendo revisados o examinados a través de aplicaciones de mensajería instantánea”, señaló el concejal.
Acciones legales y exigencia de respuestas
Ante la magnitud de los hallazgos, Schiavenato interpuso denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El concejal exige explicaciones inmediatas a las gerentes de las subredes de salud, a quienes responsabiliza por la falta de supervisión en contratos que se ejecutan desde 2021.
La respuesta de las subredes
En entrevistas con otros medios de comunicación, las subredes Sur y Norte defendieron la legalidad de sus contrataciones. Ambas aseguraron que los procesos se realizaron conforme a la ley y que están facultadas para celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos.
No obstante, las declaraciones no han logrado disipar las dudas planteadas por el concejal ni las inquietudes de la opinión pública. Para Schiavenato, la defensa de las subredes resulta insuficiente frente a las pruebas que evidencian duplicidad de procedimientos y posibles irregularidades en la prestación de servicios.
Un problema estructural en la salud pública e impacto en los ciudadanos
El caso denunciado por Schiavenato pone de relieve un problema más amplio: la fragilidad de los mecanismos de control en el sistema de salud pública. La contratación de servicios médicos con terceros, aunque legal, abre la puerta a prácticas que pueden derivar en sobrecostos, facturación ficticia y detrimento patrimonial.
El camino de la investigación
Las denuncias interpuestas por el concejal marcan el inicio de un proceso que podría extenderse durante meses. La Fiscalía deberá determinar si existen delitos de peculado, falsedad en documento público o concierto para delinquir. Por su parte, la Superintendencia de Salud tendrá que evaluar si hubo incumplimientos en la prestación de servicios y sancionar a las entidades responsables.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto, analizará si se configuró un esquema anticompetitivo que afecte la libre concurrencia en la contratación de servicios médicos. En todos los casos, las investigaciones serán determinantes para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
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