Por: Laura Flórez
Ante un embarazo no deseado: las ricas viajan y las pobres se desangran. El gobierno y su Alto Tribunal poseen una deuda gigantesca con las mujeres colombianas al imponerles una ley que impide el libre ejercicio de la decisión en lo que respecta a su cuerpo, e incluso lo criminaliza.
La despenalización parcial de la irrupción del embarazo significa el mayor criterio regresivo, conservador y violento que se tiene hacia las mujeres, ya que es ahí donde se demuestra la pérdida de territorio de libertad, y legitima al Estado para titular sobre la vida de una mujer.
Aun en 2021 y con varios de intentos de las despenalización del aborto, este continúa siendo un problema notable en la salud pública.
El mayor logro se dió en 2006 mediante la sentencia C-355 con la despenalización parcial del aborto bajo tres causales justificadas. Cuando es producto de una violación, cuando el feto desarrolló una malformación incompatible cuando constituye un riesgo evidente para la vida de la gestante.
Aun así, el sistema sanitario colombiano no ha garantizado el desarrollo del aborto para toda la población femenina incluso bajo estes tres causales. Aún el acceso está de manera legal y segura es muy limitado, selectivo e inequitativo.
La estudiante en medicina Lizeth Johanna Ariza de la Universidad FUCS en Bogotá, hace énfasis en que este último punto es uno de los más complejos a debatir, debido a que gran parte de la tasa de complicaciones por aborto inducido se encuentra en las mujeres pobres, la mayoría del medio rural.
“La prohibición de la libertad plena referente al aborto, induce a buscar otras alternativas que las convierten en criminales injustamente. El gobierno no ve qué aproximadamente el 32% de los abortos clandestinos traen consigo complicaciones médicas que le cuestan al sistema de salud millones de pesos por infecciones e incluso la muerte”, comenta.
Ariza concluye que la causal del limitado alcance de la ley, la poca difusión comunicativa de su aplicación, la fuerte polarización entre los actores constitucionales que impide el abordaje por fuera del tabú, termina inmersa en el proceder de un aborto ilegal e insalubre que pone en peligro la vida de la mujer, todo por la violación de la elección.
Con base en estadísticas de la organización estadounidense Women’s Link Worldwide, se sabe que actualmente el sistema de salud cubre entre un rango de 1% a 9% de las aproximadamente 400.000 solicitudes de intervención previstas por año.
Profamilia, es una organización que promueve el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos. A través de Amaranta Pardo Calderón, psicóloga practicante de la organización presenta argumentos desde la perspectiva de la Entidad, haciendo eco de la demanda que pesa sobre cumplir con sus compromisos hacia mujeres y velar por su salud.
Según Calderón, los programas de Prevención y Atención del Embarazo No Deseado promueven la campaña de los casos sin complicaciones médicas y muertes causadas por abortos clandestinos y estos siguen ocurriendo.
Guiados por cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países proelección que apoyan a las mujeres, la probabilidad de muerte como consecuencia de un aborto es de 1 por cada 100.000 procedimientos. Muy diferente a lo que sucede en Colombia.
“Nos llegan cifras de muertes de 70 mujeres anualmente (aprox.) y cerca de 132.000 sufren complicaciones por el deshumanizado ente y acostumbrado a arrebatar la capacidad de elección a las mujeres. Las cifras son inaceptables, se trata de muertes y complicaciones evitables”, comenta Amaranta Calderon.
Las mujeres cambiaron su pensamiento en las dos últimas décadas. En la actualidad, se han convertido en seguidoras del empoderamiento femenino debido a circunstancias sociales, el acceso a la educación y los avances a nivel de sociología en el tratamiento del rol de la mujer, sentencia Tatiana Gómez socióloga de la Universidad Nacional de Colombia.
Como lo menciona Gómez, la historia del debate sobre la despenalización del aborto en Colombia contiene un mundo de periodos de silencios, de voces fuertes asesinadas y de momentos de gran polémica. El aborto, desde la sociología debe ser legal pero no lo es por una razón.
“El tema del aborto no he tenido la oportunidad de ser visto a la luz pública como una problemática antropologica y social, más allá de un capricho. Hay que acostumbrar a esta sociedad de doble moral, porque muchos lo consideran tabú. Así como las mujeres lograron el voto para ellas, deben abolir la ley que actúa sobre sus cuerpos”, concluye Gómez.
Al final, es una problemática evitable.,
lLa solución es los medios de comunicación, quienes tienen gran peso mediático frente a la movilización de masas. Se debe lograr un tratamiento periodístico que muestre la problemática integral y contribuya a la formulación de políticas más acordes con la realidad de la mujer para deslegitimar la maternidad por obligación.
Para conocer la opinión de la sociológa Tatiana Gómez, ingresa al siguiente link:
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