Por: Juan Martín Murillo Herrera
Durante los casi dos años en los que Iván Duque viene ejerciendo el cargo ejecutivo gubernamental más importante del país, el presupuesto destinado a las Fuerzas Militares viene incrementado anualmente, con el objetivo de controlar la situación violenta que viven muchos municipios del país, teniendo a las masacres como protagonistas.
Las masacres han sido una constante durante los últimos 4 años en Colombia, lo que generó preocupación tanto en la sociedad, que fue la principal víctima de esta situación, como el gobierno, el cual recurre a distintas formas de solucionar esta situación.
Estos esfuerzos por parte del Gobierno son, principalmente, en destinar más recursos a las fuerzas armadas con el objetivo de reforzar las regiones y protegerlas de los grupos al margen de la ley que tienen presencia en regiones como Nariño, Cauca y Norte de Santander, principalmente.
Sin embargo, el aumento del presupuesto para las fuerzas armadas no cumple con el objetivo de asegurar esas regiones, y siguen siendo recurrentes las masacres, que llegaron a las 32 en lo que va del año.
En enero de este año, el gobierno, mediante el programa de Política de Defensa, para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, aprobó una inversión de 200 millones de dólares para el presupuesto del Ejército, lo cual generó mucha polémica, debido a que no se prioriza la inversión en salud en plena pandemia.
Otra de las razones por las cuales esta inversión no es bien recibida, es por que al haber una mayor modernización del Ejército, su presencia va a ser mayor el las zonas afectadas por las masacres, lo que puede agudizar el conflicto, debido al fuego cruzado entre los soldados y grupos insurgentes.
Además, esta preocupación afecta de forma negativa la imagen que los colombianos tienen hacia las Fuerzas Armadas, la cual, en el mes de junio del 2020, fue de un 48%, de acuerdo con una medición realizada por Gallup Poll, de Invamer.
Ante este escenario, tanto las poblaciones afectadas como el propio Ejército sufrirían consecuencias. Por parte de las poblaciones, generaría más violencia y, por lo tanto, más muertes. Mientras que las Fuerzas Armadas asumen el riesgo de perder combatientes y, al mismo tiempo, generar abusos por parte de efectivos a los habitantes.
Una solución sería adelantar la legalización de la hoja de coca, con el objetivo de quitarle el negocio a los grupos insurgentes y bandas criminales, y por lo tanto, eliminar su presencia de las zonas afectadas. También sería un beneficio para las poblaciones, ya que el cultivo de la hoja de coca es una fuente de empleo.
Y al mismo tiempo, para el Estado, sería una nueva fuente de ingresos y una reducción sustancial del desempleo, lo que permitiría recibir más regalías y poder invertir más recursos en otros sectores como la salud.
Referencias:
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. (28 de marzo de 2021). Informe de masacres en Colombia durante el 2020-2021. Obtenido de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz: http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
- Senado de la República. (25 de agosto de 2020). Proyecto de Ley No. 236 de 2020. Por el medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C., Colombia.
- Invamer. (2020). ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable de las Fuerzas Militares? Bogotá, Colombia.
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