Este artículo corresponde a la relatoría de la sesión número 2 del curso de Seminario en Línea del semestre 2026-1 del programa de Publicidad en la que se realizó un debate sobre el uso de Plataformas Digitales y Precarización laboral y es generado desde el lado opositor.
El debate sobre las plataformas digitales como Rappi y Uber no es simplemente una discusión sobre tecnología, sino sobre el tipo de sociedad y modelo laboral que estamos dispuestos a aceptar. En clase surgieron tres posturas claras: una que defiende la innovación y la libertad de elección, otra que denuncia la precarización laboral, y una visión intermedia que reconoce la complejidad estructural del problema.
La postura que defiende estas plataformas sostiene que “las empresas no son el problema en sí mismo”, sino que el verdadero obstáculo es un marco jurídico “con leyes del siglo pasado que no han sido modernizadas”. Desde esta mirada, regular sí es necesario, pero “no debe reducir las oportunidades de los trabajadores”. Se argumenta que estas aplicaciones permiten “ingresos inmediatos, sin exigir títulos académicos ni experiencia previa”, y que ofrecen flexibilidad, ya que las personas “pueden conectarse y trabajar en el momento que lo deseen”. Además, se insiste en que la vinculación es voluntaria: “nadie está obligado a trabajar allí”, por lo que limitar el modelo sería restringir la libertad individual.
Sin embargo, la postura crítica cuestiona profundamente esa narrativa. Si bien las plataformas generan ingresos, estos no garantizan estabilidad futura, salario digno ni seguridad social. No se trata solo de trabajar cuando se quiere, sino de sobrevivir bajo un sistema donde el algoritmo decide qué pedidos aceptar, cuándo trabajar y, en muchos casos, puede bloquear al trabajador sin mayores explicaciones.
La supuesta flexibilidad termina siendo relativa, porque rechazar pedidos puede afectar la permanencia en la aplicación. Además, los contratos de adhesión son “no negociables”, obligando a aceptar términos impuestos sin posibilidad de discusión. Esto configura una relación desigual donde la empresa concentra el poder y el trabajador asume el riesgo. También se discutió que estas plataformas operan con valoraciones económicas millonarias mientras sus repartidores carecen de salud, pensión o garantías mínimas. En países con alta informalidad laboral, como Colombia, este modelo puede terminar normalizando la precariedad bajo el discurso de la oportunidad.
Decir que “nadie está obligado” invisibiliza las condiciones estructurales: desempleo, migración, falta de títulos reconocidos y escasas oportunidades formales. La elección, en muchos casos, no es completamente libre, sino condicionada por la necesidad.
La postura general de la clase permitió reconocer que el problema no depende exclusivamente de la plataforma, sino también de fallas estructurales del Estado. Sin embargo, también se cuestionó la idea de que el éxito dependa únicamente del esfuerzo individual. No todas las personas tienen el tiempo, los recursos o las condiciones para estudiar, descansar o emprender mientras trabajan jornadas extensas.
Las historias de éxito empresarial no pueden convertirse en regla general cuando la mayoría enfrenta desgaste físico, inestabilidad y falta de protección social.
En conclusión, el debate no debe centrarse únicamente en si “permitimos la innovación”, sino en qué condiciones aceptamos que esa innovación funcione. Modernizar la regulación es necesario, pero también lo es reconocer que un modelo que opera sin garantías mínimas puede convertirse en una nueva forma de explotación legitimada por la tecnología.
El verdadero desafío no es escoger entre innovación o derechos, sino asegurar que el progreso digital no se construya sobre la fragilidad laboral de quienes sostienen el sistema.
Elaborado por: Duvan Fichas – Relator opositores
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