Más de 65 mil detenidos, temor por un avance hacia el autoritarismo en medio de la guerra que Bukele libra contra las pandillas y denuncias de violaciones a los derechos humanos; según el presidente son estas acciones las que explican que las cifras de asesinatos se hayan reducido a cero, sin embargo, organizaciones humanitarias critican duramente que muchas de estas detenciones se hagan de manera “arbitraria” y sin garantías para los arrestados debido al estado de excepción actual.
Por: Valentina González
La BBC Mundo realizó una entrevista con su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, quien destaca la urgente necesidad de poner fin a estas medidas excepcionales al considerar la falta de justicia hacia las víctimas de las pandillas y reitera que Bukele lleva tres años como presidente y no ha cumplido con su palabra de respetar los derechos humanos en el país.
Estas miles de detenciones se han estado realizando por medio de una herramienta que el régimen de excepción brinda a la policía , la cual permite que personas sean arrestadas simplemente porque son percibidas con el estereotipo estigmatizado que ha creado el propio gobernante del Salvador; es decir, gente joven que vive en situación de pobreza, comunidades marginales o en zonas controladas por pandillas, son personas que tienen tatuajes, familiares en pandillas, etc. Los procesos judiciales de los miles de detenidos se manejan en audiencias donde se presentan más de 100 personas con un solo defensor público, la mayoría son enviados a través de una prisión preventiva a una situación extendida de detención, sin un proceso o juicio que les declaren una sentencia. Se ha registrado que la situación en las penitenciarias se ha duplicado la población, en algunos casos tenían hasta el 250% de hacinamiento.
La politóloga Lorena Barrera ,recalca que respecto a los métodos utilizados por Bukele para erradicar a las pandillas, es importante señalar que existen preocupaciones desde la perspectiva de los derechos humanos. Algunas acciones, como el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, pueden plantear interrogantes sobre la militarización y el respeto a los derechos civiles. Además, es fundamental asegurar que se respeten los principios de debido proceso y garantías legales al enfrentar a los criminales; ella responde el interrogante de si este método pueda llegar a ser empleado por otros países aclarando que la viabilidad de aplicar un método similar al utilizado por el presidente en El Salvador en el contexto colombiano u otros Países, depende de factores, incluyendo el marco límite.
No todos los conflictos son iguales en cada país; ya que cada país tiene su propio sistema legal y marco constitucional que establece los límites y garantías para el tratamiento de los delincuentes y el respeto a los derechos humanos. Cualquier enfoque adoptado debe estar en consonancia con estos marcos legales y respetar los derechos fundamentales de las personas, incluso aquellos que han cometido delitos. Se deben considerar las problemáticas estructurales de cada país, y que las políticas que se adopten no pueden estar por encima de la constitución, que establece los derechos.
Concluyendo con que un aspecto importante que no se ha mencionado es la importancia de abordar las causas subyacentes de la violencia y la delincuencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Además de medidas de seguridad, es necesario implementar políticas de prevención y desarrollo social que aborden estas causas estructurales, brindando oportunidades y alternativas a las personas en riesgo de caer en actividades delictivas. También el suponer que lo que se aplica en un país funcionaría en otro sin tener en cuenta el contexto y las condiciones.