Por Javier Correa Correa
Hace unos días publiqué una columna sobre el asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenín, en Cisjordania ocupada. La columna de hoy es sobre el asesinato, poco a poco, de un colombiano preso en un campo de concentración en Israel.
Se trata del ciudadano colombo-palestino Jamal Zaid, de 64 años, quien sufre insuficiencia renal y desde el 15 de septiembre de 2021 está privado de la liberad en la prisión de Ramleh. El cargo que se le imputa es ninguno, pero la costumbre es que si un israelí denuncia a un palestino, este puede ser sometido a “detención administrativa”, sin cargos ni juicio. Un comandante militar del ejército de ocupación ordenó la detención administrativa durante seis meses, periodo que finalizó el 12 de junio de este año.
A cuatro días de recobrar la libertad, esto es, el 8 de junio, el comandante militar israelí renovó la orden de detención administrativa de Jamal Zaid durante tres meses, hasta el 11 de septiembre de 2022. Jamal Zaid, quien debe ser sometido a diálisis en la clínica de la prisión de Ramleh, como forma de protesta rechazó el procedimiento.
La detención administrativa de Jamal Zaid es más arbitraria y apremiante debido a su grave estado de salud: sufre los efectos de un derrame cerebral, se sometió a una cirugía de desprendimiento de retina, y tiene presión arterial, diabetes, colesterol y latidos cardíacos irregulares.
Pero su caso no es el único: además de él, muchos otros prisioneros están en condiciones críticas. Según Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, en la Palestina ocupada han muerto 72 prisioneros, cuatro de ellos en 2020 y uno en 2021. Lo anterior, pese a que “los artículos 76 y 92 del Cuarto Convenio de Ginebra estipulan el derecho de los detenidos enfermos a recibir la atención médica necesaria, una dieta saludable y la realización de los exámenes médicos necesarios”.
Addameer Prisoner Support and Human Rights Association “observa con preocupación y urgencia el deterioro de las condiciones de salud y la grave amenaza para la vida del detenido administrativo palestino Jamal Zaid, y las condiciones de vida inhumanas a las que están sometidos los prisioneros palestinos por parte de los Servicios Penitenciarios de Israel”.
Por tal razón, la entidad hizo un “Llamamiento Urgente a los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas el 16 de junio de 2022 instando a los mandatos a intervenir de inmediato, y específicamente a pedir a la Potencia ocupante, Israel, que libere de inmediato al detenido administrativo palestino Jamal Zaid, recluido sin cargos ni juicio, y garantice su derecho al más alto nivel posible de salud, una vida digna y la libertad frente a arrestos y detenciones arbitrarias”.
Por su parte, la Embajada del Estado de Palestina en Colombia, y teniendo en cuenta que Jamal Zaid tiene la nacionalidad colombiana, hizo “un llamado urgente al gobierno nacional para actuar conjuntamente en pro de la vida de Jamal, solicitando a Israel el respeto por sus derechos humanos, el Habeas Corpus y las consideraciones del caso por su deteriorado estado de salud”.
Agrega la Embajada en Bogotá que “urge la asistencia consular colombiana que respalde la situación de este connacional y busque su liberad inmediata”.
El 7 de julio de 2021, un grupo de mercenarios colombianos asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse, y el presidente de Colombia Iván Duque y la canciller Martha Lucía Ramírez ofrecieron su respaldo y nuestro presupuesto para defender a los magnicidas. Ahora que están de salida del Palacio de Nariño, Duque y Ramírez tienen la posibilidad de tenderle la mano a Jamal Zaid, un colombiano preso en un campo de concentración israelí, para que también pueda salir, hacia su hogar. ¿Es mucho pedirles?