COMUNICADO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
POR: Alejandra Quintero Nonsoque – Directora, Javier Correa – Profesor asistente de Programa de Comunicación Social y Periodismo
La semana pasada, por redes sociales y algunos medios de comunicación, se conoció que un grupo de periodistas presuntamente estaría presionando a sus fuentes económicamente para publicar o no publicar noticias. El tema se ha divulgado a través de WhatsApp y se menciona en algunas redacciones, pero hasta el momento los medios mencionados no se han pronunciado al respecto.
Recordemos que la Constitución Política de Colombia indica en su artículo 20 que “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social […]”.
La libertad de expresión está allí señalada, aunque para algunas personas se haya convertido en una excusa para decir lo que se les antoje, incluso a costa de la verdad. Ejemplos sobran, como el de un oficial de la Policía, quien fue acusado de corrupción hace algunos años a través de una emisora radial. La persona detrás del micrófono exigió que el uniformado fuera retirado de la institución. Meses después se demostró su inocencia y la comunicadora alegó que su afirmación estaba amparada en la “libertad de expresión”.
Volvamos al caso más reciente: el de una periodista quien, supuestamente, habría exigido coimas a varias personas para publicar o dejar de publicar noticias, o para incluir en medios lo que hoy se conoce como fake news. A la implicada se le señala también de haber intercedido para el otorgamiento de cargos oficiales a cambio de suculentos porcentajes. En ambos casos, se evidencia corrupción sin más calificativos.
Aunque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, desde el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central vemos con preocupación que estos hechos sean recurrentes, al punto en que se han normalizado, lo cual atenta contra los valores constitucionales, contra la democracia y contra el ejercicio profesional.
Por tal razón, consideramos que los casos señalados y muchos otros que permanecen en el cajón de la vergüenza deben ser revisados y denunciados una vez sean esclarecidos plenamente. La ética, la verdad, la responsabilidad social, la libertad de expresión son principios que deben ser soporte de todos los campos de la vida personal, profesional y social.
Solo así se alcanzará un país como el que en estos 56 años de existencia la Universidad Central ha soñado y procura construir cada día en las aulas.