El pasado 25 de febrero el presidente de El Salvador Nayib Bukele inauguró una cárcel de máxima seguridad, en su plan estricto de punitivismo y penas intra murales contra las pandillas de ese país, la Mara Salvatrucha (MS-13).
Por: Esteban Jurado Pedraza
Desde su llegada al poder, Bukele le declaró la guerra estatal a las ese grupo delincuencial, logrando más de 50.000 capturas a través de un Estado de Excepción, como lo indica DW en español.
Según El Espectador, la mega presión se encuentra a las afueras de la ciudad de Tecoluca, al sudeste de El Salvador. Está diseñada para resguardar 40.000 presos y ya el fin de semana fueron transportados los 2.000 primeros reos. El ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’ (CECOT) se caracteriza por sus rigurosas medidas de seguridad, y polémicas medidas como cobrar 170 dólares al mes a los prisioneros y sus familias para su alimentación.
En palabras del mandatario salvadoreño, se refirió a los primeros traslados como ‘está será su nueva casa, donde vivirán mezclados, sin hacerle daño a la población’. Las imágenes de los traslados muestran a los policías y efectivos militares sometiendo a los pandilleros. Además, hablo de ‘equidad’ dándoles las mismas prendas y sin las divisiones que tenían cuando hacían sus acciones en las calles.
Bukele ha sido cuestionado por el accionar autoritario de su gobierno, y sobre todo por su guerra declarada a las pandillas. Como lo expresa Amnistía Internacional, se han presentado varias violaciones a derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, incluyendo capturas ilegales y 18 denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía.
Según Tamara Tarasiuc, subdirectora en Human Right Watch y en diálogo con DW, estas políticas de mano dura no terminan siendo efectivas enfrentando la inseguridad y sí propicia acciones represivas que dictaminan abusos y violaciones a derechos humanos. Por lo que no debería ser un modelo a imitar por parte de otros gobiernos latinoamericanos.
Nayib Bukele seguirá con su régimen punitivista y de polémicas medidas en lo concerniente a las cárceles y su trato de fuerza excesiva a sus presos de la Mara Salvatrucha. El Salvador está en la mira de comunidad internacional y su presidente ya ha tenido varios llamados de atención por ONGs defensoras de derechos humanos, pero sigue con sus cuestionadas prácticas e incluso cerrando funciones legislativas para su conveniencia. En las próximas semanas se esperan más traslados a la nueva cárcel insignia del gobierno Bukele.