Una campesina boyacense se opone a la reforma al sistema de salud que cursa en el Congreso de la República. Se ha enterado por los medios de comunicación que rechazan la reforma y brinda un argumento contundente: “es que puede ser peor que lo que hay”.
Por Javier Correa Correa
Con angustia, contó que su madre –quien ya pasó de los 70 años de edad– tiene los problemas comunes de una persona de esa edad, y que ha sido un calvario ir de un lugar a otro para que la atiendan y que la familia debe turnarse para acompañarla y, después, para reclamar los medicamentos, que no siempre hay.
Comentó que Saludcoop era como se llamaba la EPS a la que inicialmente estaba afiliada. El gerente de esa entidad construyó en el municipio cundinamarqués de La Calera, con plata de los aportantes, una cancha de golf, con pista de aviación. Y también con la plata de los aportantes compró una avioneta ambulancia, dizque para rescatar pacientes en zonas alejadas, pero en realidad la usaba para ir desde Bogotá hasta el vecino lugar de esparcimiento, y evitar así los trancones. Bonito así.
Hace diez días en Bogotá, de manera inexplicable, a un paciente se le empezó a inflamar la mano izquierda, por lo que fue de urgencia a una clínica. Lo dejaron en observación, luego le hicieron exámenes y después de una semana aceptaron pasarlo a una habitación. El paciente estuvo esa primera semana en un frío pasillo por donde circulaba todo tipo de enfermos, “democratizando” virus y bacterias. Aunque sobrevivió a eso, el calvario fue espantoso, pues todos los días estuvo sentado en una silla de ruedas. Ni siquiera camilla le asignaron. Eso no garantiza un tratamiento médico efectivo ni tiene en cuenta la dignidad de las personas.
Pero desde cuando fue expedida la Ley 100 en 1993, la salud reforzó el esquema de negocio y dejó atrás a los pacientes. Pocas Entidades Promotoras de Salud –EPS– cumplen a cabalidad las funciones que les fueron asignadas, se gastan la plata donde no deberían y nos les pagan a las IPS, que son las encargadas de atender a los pacientes. Y para atenderlos, estas últimas deben cubrir infraestructura, equipos de alta tecnología y los sueldos del personal médico y paramédico.
El otro caso, el calvario en un hospital en Yopal, Casanare, le correspondió a una enfermera que llevaba más de 15 años trabajando con Orden de Prestación de Servicios –OPS–, sin derecho a vacaciones, cesantías, liquidación de contrato, y obligada a pagar su propia seguridad social. Este año se enfermó, fue reemplazada de afán y cuando quiso reintegrarse al puesto, le dijeron que ya no la necesitaban. Salió con una mano adelante y otra atrás.
Son apenas tres de los millones de casos que agobian al pueblo colombiano.
Algunas cifras
Según un informe publicado en julio de 2022 en el periódico El Pulso, por Jaime Alberto Peláez Quintero, especialista en economía de la salud –UPB–, de “las EPS que se destacaron por sus resultados financieros, sobresale Nueva EPS, con ingresos operacionales por $12.3 billones y utilidades netas de $41.592 millones, seguida de Sura EPS, con ingresos por $8.1 billones y ganancias por $18.175 millones y de EPS Sanitas que recaudó ingresos por $7.2 billones y derivó en ganancias de $66.494 millones. Asimismo, se observa un crecimiento por parte de Salud Total EPS, que fue la cuarta EPS con mayor volumen de ingresos, esta registró un excedente económico de $137.759 millones”.
Todo un negocio, sin duda, pero esa es una verdad de Perogrullo. Y por eso es obvio que se opongan a perder sus beneficios, igual a los fondos privados de pensiones.
En repetidas ocasiones, el Presidente Gustavo Petro ha reiterado que su gobierno mantiene la decisión de cumplir con lo propuesto en campaña y aceptado por los electores que lo llevaron al Palacio de Nariño. En lo que respecta al sistema de salud, defiende a ultranza los ejes fundamentales del proyecto, que tienen que ver con la promoción y la prevención, así como la atención digna, por lo que, para él, es imprescindible que haya un manejo público de los dineros que los ciudadanos aportan a las EPS para la salud.
A ver si por fin, después de treinta años de expedida la Ley de (In)Seguridad Social, se logra la atención integral y digna para los casi cincuenta millones de colombianos. En todo el territorio nacional.