En Colombia, la firma del Acuerdo de Paz en 2016 buscó prolongar la paz y transformar las políticas de seguridad tras décadas de conflicto que impactaron a comunidades y Fuerzas Militares; sin embargo, lejos de culminar la violencia, abrió un nuevo escenario de cambios institucionales y sociales en medio de amenazas que aún persisten.
Por: Tania Alexandra Casallas Cardenas. tcasallasc@ucentral.edu.co
El conflicto armado dejó una marca profunda en la vida social del país, décadas de enfrentamientos entre guerrillas, grupos paramilitares y redes criminales convirtieron amplias zonas rurales en territorios de violencia recurrente, con millones de personas desplazadas, hogares fragmentados y economías locales colapsadas.
Las comunidades vivieron confinamientos, amenazas a líderes sociales, asesinatos selectivos, la pérdida de tierras y fuentes de sustento, fenómenos que transformaron la geografía humana de departamentos como:
- Arauca.
- Guaviare.
- Caquetá.
- Putumayo.
- Nariño.
- Norte de Santander.
- Antioquia.
Que hicieron de la incertidumbre y el miedo una parte cotidiana de la existencia. Esa violencia tuvo efectos sociales visibles y duraderos al tener escuelas cerradas, interrupción de la producción agrícola y estigmatización de poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas.
La cotidianidad se reorganizó alrededor de la seguridad, retenes, toques de queda informales y rutas alternativas marcaron los desplazamientos y las relaciones. Las actividades culturales y económicas se vieron condicionadas por la amenaza permanente, y de esta situación de violencia quedaron heridas psicosociales profundas que hoy obstaculizan la convivencia y la reconstrucción comunitaria.
Semillas de reconstrucción social
En las décadas previas al Acuerdo de Paz la estrategia del Estado estuvo marcada por la militarización y por políticas de seguridad dirigidas a derrotar a los grupos armados ilegales y recuperar el control territorial.
Programas como Plan Colombia y la política llamada Seguridad Democrática orientaron al Ejército a combatir a las guerrillas, requiriendo de más entrenamiento, mejor equipo y mayor capacidad aérea para rastrear a los grupos armados. Eso debilitó la capacidad operativa de esas organizaciones, pero también llevó a una mayor presencia militar en las zonas rurales
Entre 2012 y 2016, mientras se negociaba en La Habana, Cuba, comenzaron a trazarse los primeros cambios doctrinales y legales, la promesa de una salida política incluía no solo el desarme de miles de combatientes de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, sino la construcción de un sistema de justicia transicional denominada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que implicaba investigar y, en su caso, juzgar hechos cometidos por actores armados y por miembros de la fuerza pública.
Ese periodo fue, para las Fuerzas Militares de Colombia, de preparación para proteger zonas de reincorporación, rediseño de despliegues y promoción de nuevas capacidades para tareas de seguridad pública, al mismo tiempo que la institución enfrentaba debates sobre responsabilidades históricas.
Del avance estatal al resurgimiento de la violencia
Tras la firma del acuerdo, la relación entre misiones y prácticas cambió, además de la presión contra grupos insurgentes que aceptaron el acuerdo, el ejército debió asumir roles de apoyo a la implementación, protección de procesos de justicia transicional y tareas de seguridad ante la aparición de disidencias y actores criminales que ocuparon vacíos territoriales.
Fue un tránsito operativo complejo, en algunos municipios la presencia militar contribuyó a la reapertura de rutas y mercados; en otros, las tácticas de enfrentamiento y las denuncias por vulneraciones de derechos humanos erosionaron la legitimidad local de las tropas. La JEP y otras instancias han puesto el foco en ese pasado reciente, con consecuencias judiciales y políticas para mandos y unidades.
La violencia no desapareció, desde 2016 emergieron nuevas dinámicas, disidencias de las FARC, fortalecimiento de redes de narcotráfico y actores regionales, que mantienen a amplias zonas en crisis humanitaria.
Organizaciones internacionales y humanitarias, como la Cruz Roja han documentado aumentos de desplazamiento colectivo, violaciones al derecho internacional humanitario y un repunte de incidentes violentos en regiones como:
- Nariño.
- Catatumbo.
- Cauca.
Al mismo tiempo, las cifras de asesinatos de líderes y defensores han seguido siendo alarmantes, socavando la seguridad civil y el proceso de reincorporación.
El costo de la guerra entre las filas
Dentro de esta situación de violencia, las Fuerzas Militares de Colombia también sufrieron mucho. Miles de militares murieron o resultaron heridos en combates, atentados y emboscadas, y muchas familias de soldados quedaron afectadas por esas pérdidas, así lo indica El Centro Nacional de Memoria Histórica. Los conteos sobre el conflicto muestran que, además de civiles, hubo un número importante de víctimas relacionadas con agentes del Estado.
La afectación humana no fue sólo física, muchos miembros de la Fuerza Pública quedaron con problemas de salud mental. Un estudio realizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali señala trastornos como estrés y depresión entre quienes combatieron, y también muestran la necesidad de más apoyo psicológico antes y después del servicio militar. Estas secuelas afectan la vida en casa y la capacidad de trabajo de quienes sirvieron.
Otro golpe importante vino de las minas y los artefactos explosivos. Estos elementos causaron muchas heridas y muertes entre militares y civiles, y su uso se mantuvo incluso después de 2016; organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y reportes periodísticos han registrado aumentos en las víctimas por minas y explosivos en años recientes.
Eso obligó a cambiar tácticas y a reforzar la atención médica y el desminado, para garantizar la seguridad de las comunidades y del personal militar, y para que las familias puedan volver a sus tierras y recuperar sus medios de vida.
Juan Carlos Granados: Cicatrices del territorio
Con el propósito de mostrar la experiencia de quienes vivieron el conflicto desde dentro, en este proyecto entrevistamos a Juan Carlos Granados, ex militar y Sargento Primero en las Fuerzas Militares de Colombia, quien prestó servicio entre 1997 y 2018.
Granados es la voz central de la entrevista que acompaña este proyecto, su testimonio recorre años de servicio en zonas de alta tensión como el Oriente antioqueño, el nororiente de Antioquia y el sur del Tolima, y aporta una mirada directa sobre lo que vivieron miles de soldados en el terreno.
Su relato pone en primer plano el lado humano de la guerra, habla de jornadas largas, de pérdidas entre compañeros y, sobre todo, del miedo constante a las minas, esas trampas que explotaban sin avisar y que marcaron a toda una generación.
Las historias que cuenta no son sólo datos; son recuerdos de familia, noches sin dormir y decisiones difíciles que cambiaron su vida y la de quienes lo rodean. Ese testimonio muestra por qué es tan importante escuchar a quienes estuvieron en primera línea para entender el impacto real del conflicto.
Finalmente, queda claro que el Acuerdo de Paz abrió una puerta importante, pero no borró los daños acumulados en generaciones enteras. Es urgente fortalecer la atención integral:
- Más desminado y prevención de riesgos.
- Mejores servicios de salud física y mental para víctimas y veteranos.
- Garantías de verdad y judicialización responsable a través de la JEP.
- Programas que apoyen el retorno y la recuperación económica de las comunidades.
Solo con políticas sostenidas y con la participación de las mismas comunidades se podrá transformar el miedo en proyectos de vida y sostener una paz que incluya a todas las víctimas.De igual manera, este artículo hace parte de un proyecto transmedia que busca reconocer las afectaciones que tienen los diferentes sectores del conflicto armado interno colombiano. Si quieren escuchar de primera mano las historias que aquí se resumen, los invitamos a ver la entrevista con Juan Carlos Granados y a escuchar el episodio especial de Concéntrika al Oído, ambos disponibles en el canal de youtube de Concéntrika Medios, donde ampliamos este relato para entender mejor las cicatrices del territorio.
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