YouTube, el portal de vídeos propiedad de Google, se ha convertido en un depósito de material delictivo. Los infractores que cuelgan sus delitos en la red saben que gozan de gran impunidad debido al desconocimiento del soporte por parte de las autoridades y los amplios vacíos legales. Pero las cosas están cambiando. Ante el ingente volumen de material, susceptible de ser perseguido penalmente, los Cuerpos de Seguridad del Estado han comenzado a idear sus propias herramientas.
Así, el Cuerpo Nacional de Policía ha creado el llamado Grupo de Redes Abiertas. Éste se compone de decenas de agentes que se pasan el día enganchados en la red, y atienden delitos de todo tipo. Los más frecuentes, son aquellos relacionados con la distribución de pornografía infantil, grandes estafas on line, o agresiones a menores o discapacitados. También comienzan a abrirse camino en este campo los investigadores privados, que se centran principalmente en denuncias presentadas por las empresas: denuncias por fuga de información, competencia desleal o injurias.
Sin embargo, las conductas ilegales más frecuentes en plataformas como Youtube o en redes sociales del tipo de MySpace son las injurias y calumnias, y la violación del derecho a la intimidad, por la publicación de imágenes y vídeos de personas sin su consentimiento expreso. En cuanto a las agresiones, también son habituales. «En las webs hay cosas que han pasado toda la vida, como los críos que se pegan en el colegio. La diferencia es que, ahora, eso se difunde por puro exhibicionismo», señala el abogado Carlos Sánchez.
La clave para perseguir estas infracciones está en conseguir la dirección IP, que permite localizar al malhechor. Se trata de un número que identifica su ordenador. Una especie de DNI con el que los investigadores acceden al lugar desde el que se envía la información. Pero para obtenerlo, antes es necesario un requerimiento judicial. Un juzgado debe solicitar a la compañía telefónica que facilite la dirección solicitada.
Parece sencillo, pero internet presenta múltiples vías de escape. De modo que el que comete un delito en la red, puede pasar desapercibido si se sirve de un sistema wifi para traspasar las barreras de la legalidad. Otro de los problemas a la hora de resolver este tipo de casos es que la mayoría de los jueces desconocen el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Por ello, se reclama que se creen juzgados especializados o que, al menos, los jueces dispongan de un grupo de expertos que les orienten. Los expertos, recomiendan recabar pruebas físicas del presunto delito, copias de comentarios y vídeos, para que las denuncias sean más efectivas.
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