Por: Juan Pablo Deusa Tarazona
El hacinamiento y las crisis carcelarias son parte del problema más grande en seguridad que enfrentan algunos países de América Latina.
El 15 de noviembre de 2021 el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en medio de una alocución presidencial, afirmó que dispondría todos sus esfuerzos por la seguridad ciudadana, esto como medida contra las organizaciones criminales y la corrupción en las penitenciarías.
Poco menos de seis meses después de estas declaraciones, Ecuador vivió una de las masacres más violentas de los últimos años. Con un saldo de 44 fallecidos en la cárcel de Bellavista, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, esto según reportes de la fiscalía de ese país.
Esta disputa surgió debido al conflicto entre dos bandas delincuenciales, “Los lobos” y “R7”que se pugnaban por el control de la zona. Así lo informó el presidente Lasso luego de comunicar su pésame a las víctimas por medio de su cuenta de Twitter.
Esta masacre se une al precedente anterior registrado por la secretaría de derechos humanos de Ecuador: Un disturbio que dejó 20 víctimas mortales por disputas entre miembros y disidentes de la banda de “los Lobos” en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca.
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Los impactantes casos de amotinamientos en Ecuador se suman a una larga lista de incidentes dentro de América latina, donde la crisis carcelaria se agudiza cada día.
Podemos iniciar esta radiografía con Colombia, donde el 21 de marzo del 2020, según reportes oficiales del INPEC, se perpetraron 24 homicidios y más de 100 personas heridas entre la violencia de los funcionarios y protestas dentro de las instalaciones. Esto a raíz de las precarias condiciones de vida.
Un año después la fiscalía general de la nación dio a conocer a través de un informe que 23 de estas muertes fueron causadas por arma de fuego, además de reportar exceso de fuerza y torturas contra los reclusos por parte de las autoridades.
Meses más tarde, en Venezuela el primero de mayo de ese mismo año, 47 personas murieron a manos de la guardia nacional en la cárcel “Los Llanos” cuando estos exigían que se pudiera ingresar alimentos dentro del complejo, tal y como lo informan los reportes de CIDH.
Y si en Venezuela llueve en Brasil no escampa, al menos 57 muertos se reportaron de acuerdo a información de medicina legal de este país en 2019, por las mismas circunstancias antes mencionadas, pleitos y disturbios dentro de un recinto carcelario en el Centro de Recuperación Regional de Altamira.
Esta problemática se viene visibilizando desde hace varios años, incluso desde antes de la pandemia.
En entrevista para el medio “Nuevo Cambio”, el Doctor Gustavo Fondevilla profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) explica cómo hay un desfase entre el número de nuevos ingresos a prisiones e ingresos para manutención de los mismos.
Dicho desfase provoca grandes brechas alimentarias, el hacinamiento y pésimas condiciones sanitarias. Que conllevan a los correspondientes desacuerdos de las personas privadas de la libertad y a la necesidad de expresar su inconformidad por medio de estos llamados motines.
Para Gustavo Fondevilla se deben implementar políticas que permitan desincentivar la cárcel como única forma de condenar el delito y mantener rigurosidad con los entes que vigilan los derechos humanos básicos.
Esta radiografía narra la crisis en las cárceles en los últimos 4 años y que se ha agudizado por la pandemia del Covid-19. Quienes estamos desde otras perspectivas no dimensionamos la magnitud de la problemática, por ende hay que insistir en la visibilización de estos hechos.