Escrito por Ana Maria Lozano Mora
¿Cuántas veces hemos sentido que solo necesitamos una oportunidad para demostrar los talentos o habilidades que se tienen? ¿Cuántas veces te han dicho que no por razones que no tienen nada que ver con el talento o la habilidad? Si no has pasado por ninguna eres afortunado pero si es así, entenderás la situación de muchos reinsertados en Colombia.
Uno de los puntos más importantes dentro de los acuerdos de paz en Colombia es la forma en la que los desmovilizados deciden retomar su integración a la sociedad, ya sea desde proyectos productivos o desde la educación, con el fin de continuar su vida en legalidad y evitar el regreso a los grupos armados.
De acuerdo con cifras de Agencia Nacional para la Reincorporación para el más reciente acuerdo de paz, más de 12 mil personas se encuentran en procesos de reincorporación desde proyectos productivos con más de 3.575 aprobados y más de 2.265 en procesos de educación, lo cual, sin duda, representa un gran avance para esa comunidad.
Garantizar los derechos básicos de personas en procesos de resocialización es vital para contrarrestar las opciones, más atractivas y “fáciles” que tienen en la ilegalidad. Muchas veces no es suficiente con la voluntad de cambiar, se necesita una red de apoyo y en ese camino la seguridad de morir de hambre en el intento.
El empleo y la educación, representan para el ciudadano de a pie una oportunidad de mejorar su calidad de vida, significa mucho más para alguien que pertenece a una población vulnerable donde esa es la única salida para dejar atrás los trastos del crimen y las dificultades.
No se trata solamente de dar una oportunidad sino aportar al desarrollo económico del país en distintas poblaciones, llevándolos a la formalidad y generando ventajas competitivas y/o la explotación de los conocimientos de los excombatientes en temas de tierras, recursos naturales y territorios.
La formalidad de un trabajador se traduce en un elemento productor y consumidor de recursos por lo cual también permitiría la circulación de mayores recursos dentro de esferas bancarias y comerciales, así que estos apoyos permiten una ganancia en doble vía.
Además de la formalidad laboral, la capacitación en competencias laborales y la educación superior en áreas rurales permite el crecimiento, fortalecimiento y progreso a través de mano de obra nacional calificada, lo que permite reducción de costos y recursos por y para las regiones.
De acuerdo a un informe elaborado por la Andi en el 2019, a través del concepto empresarial del valor compartido podemos entender cómo las oportunidades de negocio y educación pueden ayudar al bienestar social contribuyendo a la superación de problemas sociales para devolver esos conocimientos al progreso de esa región o población.
“Mi vida cambió cuando pude volver a trabajar y estudiar, ahora en la educación superior. Algo que ni siquiera hubiera podido soñar antes” dice Duvan Barato, desmovilizado de las AUC.
Apoyar los procesos de educación y los proyectos productivos, sin duda es un compromiso como sociedad, no solo por el valor de las segundas oportunidades sino también porque estas representan desarrollo económico y social en un país con gran potencial en sectores como el pecuario, agrícola, industrial y de servicios, sectores donde se encuentran los esfuerzos de esta población y además muchos recursos a nivel nacional e internacional.