La disputa entre los taxis y las apps de movilidad
Entrevista con Angielo Bolaños, Filósofo de la Universidad Santo Tomás, con maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Consultor en temas de seguridad nacional y políticas públicas.
Angielo, gracias por acceder a está entrevista y bienvenido.
La legalización o formalización de las plataformas digitales de movilidad, como Uber, Didi, entre otras, es el tema que nos compete el día de hoy. Así que para dar inicio, puntualmente le pregunto:
¿Cree que deberían legalizarse las aplicaciones de movilidad en Colombia?
Yo diría que la legalización podría también entenderse como un movimiento al interior de la burocracia política por normativizar algo que ya funciona.
Desde el año 2020 ya está formalizado, por lo cual la legalización no sería el término más correcto para entender cuál es el problema jurídico. Este tipo de aplicaciones se formalizaron como un tipo de arrendamiento de un vehículo con conductor, esa es una personería jurídica diferente a la que tenían anteriormente.
Ese proyecto de ley lo presentó el senador Jorge Enrique Robledo junto con Alberto Gómez, que también era representante de la cámara en ese momento.
Cuando el Estado interviene, y en un caso hipotético, generara un marco jurídico y legal, esto no quiere decir que vaya a hacer eficaz.
¿Cuál es el conflicto principal para los taxistas?
El modelo de negocio del taxi, es una inversión, un modelo intergeneracional que en Colombia está asociado con los núcleos familiares y el desarrollo económico del mismo.
En el derecho comercial, hay algo que se conoce como la competencia leal, el gobierno colombiano tiene que implementar formas de normalizar la competitividad frente a los mercados informales o privados por medio de políticas públicas.
¿El Estado debería hacerse cargo de una indemnización para el gremio de los taxistas?
El Estado no tiene dinero finalmente, el Estado lo que hace es administrar un dinero que pagamos todos los colombianos por medio de los impuestos, eso sería equivalente a decir que los colombianos tendríamos que pagar esas indemnizaciones.
Más bien tendríamos que pensar en una forma alternativa de incluir, dentro de las políticas públicas, algo que amortigüe está baja de precios del cupo, la indemnización no creo que sea un modelo eficiente.
Que los dueños de taxis no tengan que deshacerse de su propiedad, y que puedan seguir actualizando la valorización de sus autos por medio de su servicio. Debería ser una de las prioridades por parte de las entidades correspondientes.
¿Tienen alguna herramienta legal o constitucional los conductores de las plataformas, ante la persecución de las autoridades de tránsito?
Lastimosamente, esto tiene que ver más con una voluntad política, existen corrientes jurídicas y legislativas que terminan chocando.
Así que debe haber una atmósfera política con una voluntad real que permita estandarizar y formalizar estas nuevas dinámicas, de acuerdo con estándares y modelos de contratación y empleo que funcionan internacionalmente.
